26 de agosto de 2020

'Me privan de la libertad con inferencias': Álvaro Uribe

El expresidente dice que los magistrados, para 'ponerlo preso ilegalmente', confunden documentos.

Por: POLÍTICA (Tomado del periódico El Tiempo)

Este miércoles, el expresidente Álvaro Uribe emitió un comunicado en el que reiteró su petición de que se publique todo el expediente de su caso y señaló que los magistrados lo privaron de la libertad con inferencias.
"Los magistrados, para ponerme preso ilegalmente, confunden repuesta a incidente de desacato de tutela con carta para presionar a un testigo. Otro episodio que evidencia el sesgo con el que fue redactada la providencia que me tiene detenido", señaló el exsenador.
Nuevamente, Uribe aseveró que el magistrado Reyes (de la Corte Suprema de Justicia) "infiere o supone (otra de sus más de 100 inferencias) que junto con el Dr. Jaime Lombana (su abogado) preparé la carta de rectificación que debía ser firmada por Monsalve, testigo amigo de visitas y de teléfono de Iván Cepeda, quien pagó a su familia a través de ONG".
Y agregó: "Esto es falso, nunca se hizo carta para que Monsalve rectificara. Las interceptaciones, las fechas y el contenido de los correos demuestran que lo único que preparaba la oficina del Dr. Lombana era la respuesta a un incidente de desacato en el Tribunal de Bogotá referido a una tutela de Daniel Coronell en mi contra. El Tribunal de Bogotá exigía que mi respuesta a ese auto debería radicarse antes de las 2:24 p. m. del día 21 de marzo de 2018, esto se cumplió como efectivamente consta con sello de recibido del escrito y la publicación en página oficial de la rama judicial, radicado 11001220400020180031300".
Uribe, quien tiene detención domiciliaria desde el 3 de agosto por el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en la manipulación de testigos, reiteró que fue privado de la libertad con inferencias.
"Me privan de la libertad con inferencias, por suposiciones acomodadas a sus sesgos, que van en contra de las pruebas del expediente, a pesar de las que faltan", advirtió.
Finalmente, en el comunicado el expresidente remató con la petición que han hecho en varias ocasiones sus abogados: "El tema específico puede verse a partir de la página 779 del auto, publicado, que ordena la privación injusta de mi libertad. ¡Que se publique todo el expediente!".

24 de agosto de 2020

La ‘sala indisciplinada' de la Judicatura

Si uno quiere saber por qué la justicia en Colombia anda mal, basta con asomarse a esta institución.

Por José Manuel Acevedo (Tomada del diario El Tiempo)

¿Sabrán los colombianos que a pesar de que en nuestro país no existen los periodos vitalicios para los magistrados, como sucede en Estados Unidos, dos ‘ilustres' togados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura están dispuestos a quedarse toda la vida, si es necesario, cuidando sus chanfas contra todo y contra todos? De hecho, ¿sabrá la mayoría de nuestros amables lectores que dicha Sala Disciplinaria debió dejar de existir desde el año 2015, cuando se aprobó la reforma de equilibrio de poderes, y pese a ello sigue vivita y coleando?
Vamos más atrás: ¿se acordarán algunos de nuestros compatriotas, en este país de frágil memoria, de que por esa misma sala desfilaron personajes de ingrata recordación como el exmagistrado José Alfredo Escobar (que recibía botines “de todo su gusto” enviados por el mafioso Giorgio Sale) o el doctor Henry Villarraga, al que le encantaba hablar privadamente con uno que otro coronel frente al cual tenía que resolver tutelas en su despacho y que después terminó renunciando?
¿Les suena un suceso que ocurrió por allá en el año 2012, al que se denominó ‘carrusel' de las pensiones por la vergonzosa forma como varios magistrados de esta misma sala nombraban por un período corto a sus auxiliares para que estos se retiraran tiempo después con pensiones millonarias?
Seguro que muy pocos tienen estas imágenes frescas, pero, como parte de nuestra función en el periodismo de opinión es recordar de tanto en tanto estos sucesos con la esperanza de que no vuelvan a ocurrir, hoy vale la pena hablar de nuevo de la que en vez de llamarse Sala Disciplinaria debería recibir el nombre de ‘sala indisciplinada' de la Judicatura. Si uno quiere saber por qué la justicia en Colombia anda mal, basta con asomarse a esta institución para entenderlo todo.
Esa misma sala que se niega a desaparecer, que por más de diez meses estuvo entre ires y venires del Consejo de Estado, sumado a las demoras en la Corte Constitucional que está pendiente de tomar una decisión desde hace más de un año, y un Congreso y un Gobierno que no le han parado suficientes bolas a este tema, vuelve a ser noticia por estos días.
Gracias al trabajo de periodistas como Diana Giraldo, del diario Vanguardia , o Cristina Plazas, de La Fm; Yolanda Ruiz, de RCN Radio, y Maritza Aristizábal y Óscar Ramírez, de Noticias RCN y, por supuesto, gracias a las denuncias de un puñado de mujeres que se cansaron del toqueteo y las morbosidades de sus superiores, hoy sabemos que en esta misma sala el acoso sexual era una práctica silenciosa pero recurrente.
Como nunca les ha importado lo que piense la opinión pública; como para ellos el decoro y la dignidad valen menos que los sueldos que reciben, resolvieron tirarle la pelota a la Comisión de Acusación, sin anunciar una sola investigación interna o pedirles a los denunciados que se hagan a un lado mientras se resuelven estos temas.
Entre tanto, los pomposos y eternos magistrados que componen esa sala de la vergüenza seguirán bloqueando la creación de un órgano disciplinario independiente que de verdad cumpla con el necesario deber de vigilancia de jueces y abogados.
Esta semana debe resolverse en la Corte Constitucional una tutela que es clave para que ese proceso avance. Los magistrados están amenazados por “ciudadanos interesados” que les han hecho saber que, si no se declaran impedidos para destrabar este caso, serán denunciados.
Veremos cuánta valentía y sindéresis quedan todavía en ese alto tribunal para ponerle de una vez por todas un tatequieto a la “sala indisciplinada” de la judicatura a la que no le cabe una irregularidad más.

José Manuel Acevedo M

24 de agosto de 2020

Uribe ayer, hoy y siempre

Por: Margarita Restrepo

Sus enemigos celebran con desbordado alborozo el haber logrado su cometido. No pudieron ganarle en franca lid por lo que resolvieron adoptar el camino de las ruindades, las infamias y los montajes.
Una estructurada y paciente campaña de desprestigio que poco a poco fue calando en algunas capas de la opinión, particularmente entre un sector de la juventud, ha empezado a dar algunos resultados.
Vemos a determinados muchachos repitiendo clichés prefabricados, citando cifras y hechos inexistentes, calificando a un gobierno del que no tienen conocimiento directo, pues cuando Uribe fue presidente ellos -muchos de sus críticos- estaban en pañales o dando sus primeros pasos.
Los juicios sobre los gobiernos y los gobernantes están cargados de pasión y subjetividad. El paroxismo es connatural a la acción política. Pero en cabeza de nadie puede caber la opción de fabricar de la nada un proceso penal, para llevar a la cárcel al dirigente más importante de las últimas décadas, con el propósito único de acallar su voz y minar su liderazgo social.
El presidente Uribe es un hombre inocente. Su accionar personal y político dan fe de aquello. Diariamente, entrega su vida al servicio de nuestro país. No hay un solo asunto de la agenda nacional que le sea indiferente. A todo le presta la misma atención.
Estudioso de las soluciones. Abierto a los diálogos y las controversias. Oye a sus compañeros de brega política y atiende a los opositores con respeto, aunque ellos no observen un mínimo de cortesía y reciprocidad.
Desde el encierro injusto en que se encuentra, no ha permitido que la infamia doblegue su entereza.
Las personas de talante como el presidente Uribe no se rinden fácilmente. La fuerza de sus convicciones les sirve de soporte y de motor. Por eso quienes andan profetizando el fin del uribismo, más temprano que tarde se llevarán una sorpresa agradable para el país, pero amarga para ellos: el exmandatario seguirá siendo un referente nacional, sobre todo en momentos en los que crece la amenaza de la extrema izquierda.
Confío plenamente en que el presidente logrará sacudirse de ese oprobioso montaje que alzaron sus enemigos. Una de las maneras de hacerlo, es permitiendo que el país entero conozca el expediente en su contra. Allí, se verán todas las irregularidades, se conocerá en detalle como operó la banda de falsos testigos y cómo se trazó una investigación penal que surgió de la interceptación ilegal de sus comunicaciones.
Poniendo a un lado la forma ilegal como se realizaron las chuzadas en su contra, debe tenerse muy claro que en ninguna de las más de 22 mil comunicaciones intervenidas, hay siquiera una insinuación para cometer un acto ilegal.
En lo personal, creo en el Uribe de ayer, ese líder que se trazó el propósito de salvar a Colombia del narcotráfico y del terrorismo. Gracias a su intervención, nuestra democracia no claudicó ante el asedio de los criminales. Creo en el Uribe de hoy que, a pesar de los golpes, sigue firme en su compromiso irreductible con el país.
Pero también, creeré en el Uribe del mañana, el Uribe de siempre, ese hombre que nos ha enseñado a anteponer los intereses superiores del país sin cuestionamientos ni miramientos de ninguna naturaleza.

Por él, por su libertad, por su legado, seguiré luchando mientras Dios me lo permita.

23 de agosto de 2020

El Gran colombiano

Por Jesús Vallejo Mejía* (Tomado del diario El Colombiano )

Álvaro Uribe Vélez podría hacer suyas las palabras que pronunció Santander en su lecho de muerte: “Ojalá hubiera amado más a Dios que a mi patria”.
Como todos los seres humanos, tiene defectos, ha cometido errores, a unos les cae bien y, a otros, mal; pero es un personaje sobresaliente cuyas excepcionales cualidades son innegables.
Diríase que su patriotismo es obsesivo, como el de muchos otros líderes que ocupan puestos de honor en la memoria de los pueblos. Deja como legado una obra de gobierno que, pese a sus falencias, lo destaca como uno de los más grandes presidentes que ha tenido nuestro país.
Conocedor al dedillo de nuestra geografía, de la idiosincrasia de nuestras gentes, de los problemas de nuestra sociedad, cuando se lo escucha disertar sobre los mismos es inevitable pensar en otro grande de la patria, Carlos Lleras Restrepo .
Pues bien, tal como lo muestra elocuentemente la historia, es frecuente que el destino de los grandes hombres sea el infortunio promovido por sus malquerientes, por la ingratitud de sus compatriotas o por los azares de la política.
En distintas ocasiones he traído a colación estas certeras y premonitorias palabras que pronunció Don Marco Fidel Suárez acerca de la suerte final de Cristóbal Colón, que a él mismo le serían aplicables años después y ahora lo son en torno de Álvaro Uribe Vélez:
“El campo a que el almirante dirigía su actividad era el campo de la política, tierra donde se fermentan todas las pasiones y donde se crían las plantas más venenosas. La envidia, la venganza, la ingratitud, la codicia, la calumnia, cuanto guarda de peor el corazón, prospera en ese campo, donde no se presenta al espíritu sino la contemplación de la miserable naturaleza humana, que solo sobrenaturalmente puede amarse” (Obras, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1958, T. I, pag. 856).
¡Todas esas manifestaciones de nuestra abyecta condición se han aunado para labrar la desgracia de Uribe!
Cuál sea su suerte final, es algo que queda librado a la acción de la Providencia. Pero es lo cierto que cuando su hora final llegue, Uribe no comparecerá ante el Supremo Juez con las manos vacías.
Por ahí andan unos zascandiles vociferando que lo suyo es cosa del pasado. Pero su pensamiento es hoy más actual que nunca antes.
En efecto, ¿no es apremiante en esta hora enfrentar la amenaza del castro-chavismo que se cierne sobre nosotros? ¿No es indispensable robustecer la autoridad para garantizar la seguridad de la ciudadanía? ¿No urge velar por un Estado austero? ¿No es necesario dotar de garantías a los emprendedores que trabajan por la prosperidad de Colombia? ¿No hay que promover la cohesión social, protegiendo a los desposeídos, velando por una sociedad más igualitaria e integrando más armónicamente sus diversos segmentos?
El discurso de Uribe no es retórico ni delirante como el de otros que no le llegan a los tobillos. Está centrado en las realidades, que son el punto de partida de acciones políticas fecundas. No ofrece imposibles y es sabedor de las dificultades que nos agobian.
Uribe está, como bien lo dice él mismo, secuestrado por la Corte Suprema de Justicia y los enemigos que la azuzan en su contra. Su capacidad de conducción política está severamente limitada, pero su mensaje configura, como decía una célebre colección literaria hace años, un “pensamiento vivo” que está al alcance de quien quiera nutrirse de él y ponerlo en práctica. Al Centro Democrático le corresponde velar por su vigencia y crecerse ante la adversidad presente.
Todavía estamos a tiempo de alzarnos contra los comunistas que aspiran a imponernos su dogma totalitario y liberticida.

* Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, profesor universitario y tratadista de derecho público .

19 de agosto de 2020

Un paso en el sentido correcto

Por losirreverentes

Duele que el país haya perdido a un senador de la categoría y el talante del presidente Uribe, de lejos el más riguroso parlamentario. Su presencia en el Capitolio le daba altura y categoría a los debates, en momentos en el que el legislativo está integrado por individuos de la más baja categoría moral como los terroristas de las Farc -encabezados por Iván Cepeda-, el cabecilla de la extrema izquierda Gustavo Petro, o su conmilitón el autor de novelas de baja factura Gustavo Bolívar.
Pero la renuncia era necesaria en aras de buscar justicia y permitir que se conozca la verdad de los hechos por los que hoy, el doctor Uribe Vélez se encuentra en condición de secuestrado.
Evidentemente la corte suprema, que puso en marcha un plan mafioso contra el expresidente de la República, no está interesada en nada distinto que imponer una condena al precio que sea.
Llama la atención las reacciones desesperadas de los cazadores del presidente Uribe -Cepeda, Daniel Coronel y otros- cuando se conoció la noticia de la renuncia a su condición de Senador de la República. ¿Si esos sujetos están tan seguros de las pruebas y de la culpabilidad del hoy secuestrado, por qué tienen tanto interés de que el juzgamiento lo adelante la corte suprema? Una prueba inculpatoria e incontrovertible es vigorosa en cualquier escenario judicial.
El expediente del presidente Uribe debe pasar en el término de la distancia a la Fiscalía General de la Nación para efectos de que, en virtud de la ley 906, el proceso sea público y el pueblo colombiano tenga oportunidad de conocer todas y cada una de las evidencias recaudadas por la corte suprema. En ese instante brillará la verdad con toda su nobleza.
Nadie podrá dudar de la inocencia del exmandatario y, a la vez, será apodíctica la responsabilidad de Barceló, Cepeda y demás en esa farsa.
En síntesis, el proceso en cuestión está viciado desde su origen. Todo empezó con una interceptación ilegal durante más de un mes, en la que unos delincuentes al servicio de la corte oyeron -sin orden judicial- más de 22 mil llamadas del expresidente. Ninguna de esas comunicaciones permite concluir que él haya fraguado algún delito, o que haya planeado con su abogado Diego Cadena la compra de testimonios.
Lo cierto es que desde 2009, él es víctima de un complot liderado por Iván Cepeda, quien no ha ahorrado esfuerzos para conseguir falsos testigos con el propósito de que digan que Uribe y su hermano Santiago tuvieron vínculos con estructuras de las desaparecidas AUC.
Está perfectamente documentado que Iván Cepeda ha hecho pagos a paramilitares para que “testifiquen” contra los hermanos Uribe. Igualmente, ha ofrecido beneficios penitenciarios y asilos políticos a los familiares de los que participen de ese sainete.
El país ha perdido a un gran senador, quizás el mejor de las últimas décadas, pero aquel es el elevado costo de oportunidad que hay que asumir para ponerle punto final a la más dolorosa iniquidad de que haya memoria: el secuestro del presidente Uribe.

14 de agosto de 2020

Colombia-sa rechaza detención del Doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ

La mayoría de los colombianos apoyamos al expresidente Uribe

Como dice la columnista del diario El Colombiano, Cristina de Toro, el Dr. Uribe no está solo.

13 de agosto de 2020

¡No está solo!

Por Cristina de Toro (Tomado del diario "El Colombiano )

“Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por las Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”. Álvaro Uribe Vélez.
Inaceptable que la misma entidad que hace apenas unos meses diera tan magnánimo tratamiento a un narcoterrorista de la talla alias “Santrich”, a sabiendas de los riesgos que la decisión de dejarlo en libertad acarreaba, sea la misma que hoy imponga medida de aseguramiento de detención preventiva, a un individuo que en vez de un tenebroso prontuario delictivo como el del narcoterrorista, tiene la más extensa y honrosa hoja de vida de servicios prestados al país.
¿Acaso utiliza la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diferentes raseros a la hora de aplicar la ley? Porque es innegable que a la luz de derecho, el usado a la hora de evaluar y otorgar garantías al bandido “Santrich” no se corresponde con el del expresidente. Como dicen los entendidos, esa arbitraria decisión “no resiste prueba de compatibilidad jurídica” alguna, en cambio, deja al descubierto flagrantes violaciones a la ley por parte de la CSJ, y una abierta y sistemática persecución política en contra de Álvaro Uribe, como parte de un plan para desestabilizar la democracia colombiana.
Ante la imposibilidad de vencerlo en las urnas durante los últimos 20 años, guerrilleros, detractores políticos sustentados por esas opacas corrientes socialistas extranjeras que vienen instigando por toda Latinoamérica, aupados con dineros de la coca en la que estamos navegando, no han cejado en su empeño de tomarse la “joya de la corona”, y ya dieron el primer zarpazo.
Sacar del juego político al individuo más votado en la historia nacional, a la figura más representativa de la democracia colombiana, con el concurso de las cortes prevaricadoras, las del “cartel de las togas” expertas en ventas de sentencias y elaboración de fallos políticos, como en alguna ocasión las oímos decir.
Mientras tanto, en coro desde el Congreso donde nos los dejó muy instalados el del Nobel, las Farc le exigen al expresidente que se comporte, que acate y respete la justicia.
Infame que un criminal de lesa humanidad como alias “Carlos Lozada” tenga el descaro de decir que “para lograr la paz y la reconciliación es necesario que Uribe responda por sus crímenes”, mientras ellos niegan olímpicamente sus más repugnantes fechorías porque se saben al amparo de otro “honorable” tribunal: la JEP.
Urge el levantamiento de la reserva sumarial de ese proceso para que el país conozca toda la impudicia de los magistrados y del demandante, y quede en evidencia el apremio de una reforma estructural a esa rama del poder público.
Al expresidente le digo que la mayoría de colombianos, independientemente de los diferentes matices políticos que cobijan a unos y otros, somos demócratas convencidos y vamos a ayudarlo a conseguir su libertad, del mismo modo que él una vez nos liberó a nosotros. No está derrotado, cuenta con un ejército de ciudadanos en pie de lucha, armados de ideas e ideales republicanos para reclamar derechos con base en principios democráticos.

Una vez más le digo ¡ánimo expresidente! ¡No está solo! .

13 de agosto de 2020

Un testimonio esclarecedor (Tomado de Los Irreverentes)

Para leer el artículo, haga clic sobre el título.

11 de agosto de 2020

Cepeda destruyó chat con Monsalve, que sería prueba sobre cómo fraguó plan contra Uribe

Por Sixto Alfredo Pinto (Tomado de La Otra Cara)

¿Hubo favorecimiento del magistrado César Reyes en la Corte con Cepeda en este caso? Este interrogante surge porque el togado alertó o previno al Senador de izquierda en un interrogatorio, que si confesaba la borrada de los mencionados chat, estaría incurso en una conducta criminal? Obviamente Cepeda calló.
Como es de conocimiento, el Senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, se dedicó en un tiempo a ir cárcel por cárcel en Colombia y hasta en Estados Unidos, buscando testigos que señalaran de presuntos ilícitos al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Así es como se topa con el paramilitar de Yarumal (Antioquia) Juan Guillermo Monsalve, preso en La Picota de Bogotá, a quien le promete beneficios penitenciarios para él y dádivas económicas para su familia con el fin de que involucre a Uribe. Lo cual le cumple y una ONG bajo su manejo le hace millonarios giros a los seres queridos del informante. Lo que para los más expertos en Derecho Penal es un claro delito de manipulación de testigo.
Sin embargo, para la Corte Suprema de Justicia, que lo investigó fugazmente por esos hechos, eso no fue ningún acto criminal y el Alto Tribunal se apresuró a absolverlo de toda culpa.
A raíz de la reciente medida de aseguramiento de la Corte Suprema contra Uribe, por supuesta manipulación de testigos (el mismo Monsalve), en un proceso instigado por Cepeda, se conoció que el senador de izquierda destruyó, eliminó o borró de su celular todos los chat que tuvo con el citado Monsalve. Lo cual sería prueba irrefutable de cómo fraguó el plan contra Uribe.
Así quedó claro luego de un video de audio publicado por el partido político uribista Centro Democrático en YouTube, que fue difundido en redes sociales, especialmente en Twitter, por la senadora de ese movimiento Paola Holguín, en el cual Cepeda es interrogado por el magistrado de la Suprema, César Reyes Medina, en el marco de su proceso penal en dicha Corte, así lo asegura el portal Noticias 45.

En este video queda claro que el congresista socialista destruyó dichos chat, según lo sostiene su interlocutor Reyes Medina, basado en una versión de la Procuraduría.
Debemos preguntarnos: ¿Hubo ocultamiento de pruebas en este caso del Senador Cepeda?
Recordemos que el Código Penal Colombiano en el Artículo 454-B sobre el Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, establece lo siguiente de forma textual:
“El que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación, o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya elemento material probatorio de los mencionados en el Código de Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
También hay que preguntarle a Cepeda ¿por qué mantenía conversaciones mediante celular con un confeso delincuente privado de la libertad, lo cual no es función de un congresista?
De igual forma, ¿por qué el citado paramilitar, quien tenía y tiene interdicción de derechos, o sea, prohibición de usar teléfonos inteligente en la prisión, poseía uno de estos aparatos?
¿HUBO FAVORECIMIENTO DEL MAGISTRADO CÉSAR REYES CON CEPEDA?
No obstante, lo más increíble o inusual del asunto, es que el servidor de la justicia César Reyes Medina, durante el interrogatorio, previene a Cepeda que si confiesa esa acción, estaría incurso en una conducta criminal. En ese caso, hay que decir: ¿Prevaricó este representante de la justicia, porque no debió alertar o prevenir a Cepeda? ¿Indujo o favoreció el magistrado César Reyes a Cepeda?
Luego Cepeda, astutamente, cuando se dio cuenta de su garrafal error, por la previsión que le hizo el operador judicial Reyes, utilizó su derecho al silencio, calló y le dijo a su interrogador que su abogado respondería esa parte. Obviamente, el congresista de izquierda después alegó que no recordaba haberle dicho nada sobre la borrada del chat al representante de la Procuraduría que había entregado esa versión.
Recordemos que el magistrado César Reyes, es el mismo que fue señalado como inhabilitado para conocer los casos de Cepeda en la Corte, por mantener una clara y estrecha amistad con Pilar Rueda, la esposa del citado Senador de izquierda. El togado no se declaró impedido y al final fue quien sostuvo la detención de Uribe Vélez en la Corte.
Las autoridades, mediante decisión judicial, tienen la potestad de ordenar un examen pericial de los teléfonos de Cepeda y Monsalve y recuperar el historial de la conversación entre estos dos personajes, en caso de ser posible. Si eso sucediera y fuera pedido por los defensores de Álvaro Uribe en el proceso penal que ahora le sigue la Corte Suprema, se conocerían muchas verdades…

10 de agosto de 2020

Expresidentes de España y América Latina se solidarizan con Uribe (Tomado del diario El Tiempo y de Noticias NTN24)

21 personas entre expresidentes e integrantes de IDEA firmaron el texto, junto al actual presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. El grupo de exgobernantes destacó su labor en materia de seguridad en el país.

"Hacemos pública nuestra solidaridad personal con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, sujeto de una restrictiva de libertad por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a propósito de una controversia política con otro Senador de Colombia, que ha sido judiacializada", dice parte del comunicado.

Uribe está siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia por ser presuntamente el determinador de una supuesta manipulación de testigos, en la cual también está implicado el abogado Diego Cadena, quien trabajó con el exmandatario.

Los exgobernantes dicen que durante sus administraciones (2002-2010) Uribe tuvo que enfrentar a “las fuerzas del narcotráfico en su alianza con la guerrilla de las Farc y el Eln, practicantes de crímenes atroces y de lesa humanidad”.

Advertimos que los actores internos y externos vinculados a las Farc – ahora partido político – celebran como logro la prisión domiciliaria del expresidente, mientras ayer defendían ante sus compatriotas la libertad otorgada por la misma Sala de la Corte a su camarada Seuxis P. Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich', acusado de narcotráfico”, reza el texto.

" Una persona que ha tenido el honor de presidir este país debe poder defenderse en libertad.
Conscientes, al efecto, que la democracia y el Estado de Derecho quedan gravemente comprometidos cuando se ideologizan o manipulan la garantía y tutela universal de los derechos humanos, alertamos a la opinión pública y a los gobiernos libres de Occidente sobre una deriva global que ha de frenarse de manera responsable y oportuna, y que busca comprometer los activos de su patrimonio intelectual”, dicen los exgobernantes.

Entre los 21 firmantes están Luis Lacalle Pou, presidente del Uruguay, José María Aznar, exjefe de gobierno español; Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y premio Nobel de Paz; Felipe Calderón y Vicente Fox, expresidentes de Méxicoy Andrés Pastrana, exmandatario colombiano.

9 de agosto de 2020

La ofensiva final

Por Rafael Nieto Loaiza (Tomado de La Otra Cara)

La privación de la libertad de Álvaro Uribe es arbitraria, tiene motivación política y responde al sesgo antiuribista de la Corte Suprema.
Ese sesgo tiene casi tres lustros y se remonta a la denuncia que hicieran funcionarios de Uribe por vínculos entre Giorgio Sale, un narcotraficante italiano, y Yesid Ramírez y Carlos Isaac Nader, dos presidentes del alto tribunal. Como resultado, después la Suprema se negó en reiteradas ocasiones a elegir Fiscal de las ternas que presentó el entonces Presidente. El motivo fue el enfrentamiento y no las calidades de los propuestos. Baste decir que en una de las ternas estaba Margarita Cabello que, unos años después, fue elegida por sus colegas como presidente de la Corte. Más adelante, como consta en grabaciones que hay en el expediente de Diego Palacio, la Corte decidió tomar decisiones contra el entorno de Uribe, según palabras de sus propios magistrados, “sin salvamentos del voto y por conveniencia política”. Incluso algunos alegaron que deberían hacerlo por “legítima defensa”.
Que el proceso es violatorio de los derechos de Uribe se prueba con facilidad: a Uribe le interceptaron su teléfono por órdenes de la Corte, en una investigación contra un parlamentario chocoano. La Suprema alega que fue por “error”, pero hay pruebas inequívocas de que sabían que el celular era de él y aún así “legalizaron” la chuzada; el alto tribunal le ocultó por varios meses que lo investigaba, aunque Uribe les preguntó directamente; cuando finalmente se lo confirmaron, pidió que lo recibieran en versión libre y no lo permitieron; solicitó que se oyera a varios testigos en su defensa y el tribunal se negó; para sacarla del caso, porque creían que podía tener simpatías por Uribe, decretaron un conflicto de interés de Cristina Lombana que, recién salida de la universidad, hace veinticinco años, trabajó en la oficina de un abogado del ex Presidente pero, en cambio, no dijeron absolutamente nada de que César Reyes, el ponente del caso, hubiera sido subordinado de la esposa de Iván Cepeda hace apenas cinco; Héctor Alarcón, uno de los magistrados, se declaró víctima de Uribe en un proceso y hoy no tiene pudor en juzgarlo. Y podría seguir.
Y sí, el juicio es político. Uribe es la figura política determinante de las dos últimas décadas y el ganador de todas las elecciones desde el 2002, menos la segunda vuelta del 14 (y solo por otro montaje judicial, el del hacker, y por la plata de Odebrecht en la campaña de Santos). A ese que no han logrado derrotar en las urnas, quieren sacarlo del juego con la instrumentalización del sistema judicial.
La Corte, además, debería haber sido especialmente cuidadosa, no solo porque se trata de un ex Presidente de la República, sino porque Uribe es el senador más votado de la historia, es también la voz de 875.554 ciudadanos que votaron por él y que él representa. Cercenarle su libertad debería tener motivos fuera de toda duda y debería haber sido la última medida, solo cuando las otras se hubieran agotado sin que funcionaran.
El juicio contra Uribe prueba las dos caras de una tragedia: la politización de la justicia y la judicialización de la política. No pretendo que la Corte sea uribista. No debe serlo. Lo que se espera es que no se antiuribista. La administración de justicia deben ser imparcial. Cuando deja de serlo, como ahora, no es cosa distinta que arbitrariedad arropada de formalismos.
Hay también, por supuesto, un ánimo de revancha por parte de quienes sufrieron la mano firme de Uribe, una guerrilla que sufrió los golpes más contundentes y unos paramilitares que fueron extraditados. Uribe ha sido el muro de contención a los avances de los violentos y de la izquierda radical en Colombia y en el Continente. Y han querido cargárselo desde entonces. Ha sufrido 17 atentados. Como no han logrado matarlo, quieren eliminarlo por vía judicial.
La venganza, el odio, el ánimo de retaliación política, el deseo de despejar el camino para las elecciones del 22 y de sacar del camino a quienes siempre los ha vencido en el campo de batalla y en las urnas, todos esos intereses se conjugan contra Uribe.
No tengo duda de que privar de la libertad al ex Presidente es el primer paso de su ofensiva final para tomarse el poder. Demostró que si vienen por él, pueden venir después por cualquiera, que no tienen límites, que sus tentáculos se extienden a los más alto de las instituciones. El peligro para la nación es mayor que nunca. Pero están profundamente equivocados. La injusticia contra Uribe ha sido una puñalada en las entrañas del pueblo colombiano. Han despertado a las mayorías silenciosas. La tristeza, el dolor, la indignación y la ira, el miedo de que la Nación caiga en manos de los violentos, de los mafiosos, de la izquierda radical, nos moverá a la unidad. La alianza republicana es la primera urgencia. Y la acción política para ganar en el 22 es la segunda. Desde ya y hasta entonces hay que trabajar sin descanso. Uribe es más que Uribe, Uribe es la democracia, la libertad, la seguridad para todos, la economía de mercado para generar riqueza y empleo, para reducir la pobreza, para buscar la equidad. Acá estamos los que defendemos sus banderas. Y no tememos. Los buenos somos más, muchos más. Y ahora vamos a organizarnos.

20 de septiembre de 2019

Uribe ¡no está solo! (Tomado del periódico El Colombiano)

Por Cristina de Toro

El ignominioso llamado proferido por la Corte Suprema de Justicia al expresidente Uribe, que tendrá que atender dentro de pocos días (8 de octubre), es otro capítulo más de esa historia de malquerencia que data desde que la Corte Constitucional aprobó la reforma que dio lugar a la reelección, y permitió que el doctor Uribe participara en las elecciones para optar por un segundo período, al parecer, contrariando los deseos del presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquella época quien, a raíz de ese hecho, expresara públicamente que “daría la pelea” y que con el respaldo de todos los miembros de la Corte sería “a fondo”.
Desde ese entonces, el expresidente (incluyendo miembros de su familia y cercanos colaboradores) ha sido víctima de la más encarnizada persecución judicial y sus jueces no han tenido reparo alguno a la hora de expresar públicamente su odio y el deseo que tienen de verle privado de la libertad.
En este nuevo capítulo, el expresidente, como él mismo dijo, tratará “desde la cárcel o en libertad”, de quitarse de una vez por todas, “la infamia de encima”.
Será una labor difícil puesto que en este proceso de acorralamiento, orquestado desde las más altas esferas de la izquierda (incluidas las Farc), plagado de ilegalidades desde el instante mismo en el que el demandante se convirtió por arte de birlibirloque en demandado, lleva las de perder al tener que presentarse ante una entidad que profiere “fallos políticos y no judiciales”, como a ellos mismos les hemos oído decir; esa que hace unas cuantas semanas, desoyendo el clamor de las entidades competentes en el caso, dejó el camino despejado a un bandido de la talla del narcoterrorista “Santrich” para que pudiera escapar; la deshonrada Corte que, a pesar de contar con algunos hombres sabios y probos, se convirtió en nido de corrupción en el que magistrados amangualados con congresistas y con funcionarios de la Fiscalía, han negociado decisiones judiciales por escandalosas sumas de dinero, y tiene magistrados presos y prófugos.
Sin embargo, Álvaro Uribe Vélez , el más grande hombre de la política nacional en la historia reciente de Colombia, ¡no está solo! Lo acompañamos los colombianos que vivimos agradecidos por todo lo que ha hecho por el país, por habernos enseñado a amar esta tierra que en un momento dado dimos por perdida a manos de los narcoterroristas de las Farc, y porque ha sido, a pesar del costo que le ha significado, salvaguarda para que el Socialismo del Siglo XXI no se haya podido instalar aquí.
El 8 de octubre saldremos a la calle y le dejaremos saber a la Corte Suprema y a todos sus detractores, que entendemos que no estén de acuerdo con sus ideas políticas, pero que no aceptamos la perversidad de urdir emboscadas para aniquilarlo moralmente en una cárcel. Somos millones de colombianos que aquí y en el exterior, les diremos: Uribe ¡no está solo!.

25 de agosto de 2019

Abecé del juicio a Uribe (Tomado de el periódico El Tiempo

Por María Isabel Rueda

No quiero dedicarme en esta columna a absolver o condenar a Álvaro Uribe por los delitos que le achaca la Corte: soborno y manipulación de testigos. Pero, como abogada, me gustaría referirme al debido proceso judicial que debería tener garantizado.
La primera verdad la escribió el lunes pasado en su columna de ‘El Espectador' el Maestro Héctor Osuna, firmada por Lorenzo Madrigal: “Se da inicio a un juicio político como el que más…”.
Todo comenzó el día en que la sala penal de esa Corte Suprema de Justicia, enceguecida contra el entonces presidente Uribe, decidió inventarse una figura que no existía y que no existe. Le devolvió dos veces las ternas para fiscal por considerarlas “inviables”. Querían castigar a Uribe repudiando a sus candidatos. Tiempo después, una de las ternadas por Uribe, Margarita Cabello, actual minjusticia, tachada como “inviable” por la Corte, fue elegida por ellos mismos como magistrada y, luego, como su presidenta.
A partir de esa mortal actuación, la Corte Suprema de Justicia de Colombia quedó tatuada de política y matriculada en una campaña con un blanco: meter a Uribe preso.
Parlamentarios como Iván Cepeda y Piedad Córdoba se dieron a la tarea de viajar por las cárceles del país y del exterior buscando testimonios que lo comprometieran como paramilitar. Varias de esas personas contactadas contaron de ofrecimientos de protección, a ellos y a sus familias. Esta conducta hizo que Uribe denunciara a Cepeda ante la Corte, pero, sorpresivamente, considerándolo parte de sus funciones, los magistrados absolvieron a Cepeda de manipulación de testigos y le abrieron proceso por el mismo delito, pero al denunciante original: Uribe.
Leí el fallo y no me quedó para nada claro que fuera tan distinto lo que Cepeda venía haciendo, supuestamente para que presos y testigos contaran la verdad, de lo que hacían allegados a Uribe, para que se retractaran de lo dicho. Por las dos vías hubo ofrecimientos “humanitarios”.
Pero a Uribe le abrieron un segundo proceso. Seguramente desesperado porque sus dos abogados de cabecera, Lombana y Granados, estaban peleados y no actuaban en equipo, resolvió equivocadamente, a mi juicio, buscarse otro abogado, Diego Cadena, con menos escrúpulos para meterse a las cárceles y buscar presos. Así lo hizo Cadena con Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella (hoy condenado por secuestro extorsivo) de que supuestamente en la hacienda Guacharacas, donde su padre fue mayordomo, se había fundado un centro paramilitar e instalado un matadero humano.
Cadena recibió la razón de que Monsalve quería retractarse, pero era en realidad una trampa en la que no cayó Lombana, como curtido penalista, que ni se le acercó. Grabándolo con su reloj de preso, Monsalve indujo a Cadena a hablar sobre ofertas para su retractación. Por esa prueba del reloj están llamando a Uribe a indagatoria el próximo 8 de octubre.
Con las alarmas de las motivaciones políticas de la Corte encendidas, y estoy segura de que muchos de los magistrados actuales no quieren perpetuar esa imagen, vienen pasando además cosas probatoriamente muy delicadas. Se dicta una orden del CTI para chuzar al representante Nilton Córdoba, pero el teléfono chuzado no terminó siendo el suyo, sino el de Álvaro Uribe. Y cuando el CTI alerta sobre esa grabación ilegal, auxiliares del ya retirado José Luis Barceló, de la vieja guardia, respondieron: no importa, sigan. Tenían pensado arreglar esta ilegalidad alegando que había sido un “descubrimiento inevitable”, como si fuera un motivo fundado que las interceptaciones contra Córdoba terminaran chuzando a Uribe.
Fueron 30 días de grabaciones, y por lo que el expresidente movió en su celular en ese período, sus abogados calculan que le interceptaron 12.000 llamadas y 9.000 mensajes de texto, en una absoluta violación del derecho a la intimidad.
Pero falta aún un capítulo. Daniel Coronell publicó en su leída columna una transcripción de una de estas chuzadas que provenía del CTI, en la cual se cambió la palabra ‘evitar' por “solicitar que quemen eso”, que aunque nada tenía que ver con las investigaciones contra Uribe, iba derecho a ser convertida por la Corte en prueba de que el expresidente y senador ordenó quemar documentos claves de su investigación. El fiscal interino, Espitia, no dice nada. Calla.

Entre tanto... Así vamos. Una Corte que no ha logrado despejar en todos estos años los motivos políticos para tratar de poner preso a Uribe, con ayuda de interceptaciones ilegales y de pruebas alteradas, en octubre próximo lo sentará en el banquillo de los acusados.

25 de agosto de 2019

El Álvaro Uribe que yo conozco Tomado de Los Irreverentes

Por Abelardo De La Espriella Para leer este artículo haga clic sobre su título.

22 de agosto de 2019

¡Asco y mucho miedo! Tomado del periódico El Colombiano

Por Cristina de Toro

Cuán equivocados estábamos quienes creíamos que era imposible que nuestro sistema judicial, y muy particularmente, nuestras altas Cortes, pudieran propiciar más escándalos y degradarse más.
Sin embargo, la liberación del exmagistrado Francisco Ricaurte el pasado miércoles por vencimiento de términos, y la llamada a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia (tema del cual me ocuparé en la próxima columna), nos muestra que el nivel de descomposición de esa rama es bastante más profundo y peligroso de lo que pudimos imaginar.
Si el hecho de tener un puñado de exmagistrados enfrentando la justicia por estar involucrados en casos de corrupción, por uso de su poder e influencias en la Corte Suprema de Justicia para torcer investigaciones de congresistas y gobernadores a cambio de coimas y dádivas de toda clase, era por sí, un asunto ignominioso y muy preocupante porque empaña todos los asuntos que a lo largo de los años pasaron por sus manos y deja tendido ese oscuro manto de duda sobre los fallos proferidos, espanta también ver cómo estos individuos están enfrentando, por no decir manoseando, sus propios juicios ante las autoridades.
Que el proceso del exmagistrado Francisco Ricaurte, llamado a juicio por concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, después de que la Fiscalía le realizara la audiencia de acusación no hubiera podido arrancar en los 240 días que el sistema judicial tiene presupuestados como plazo límite para quien se encuentre privado de su libertad, es muestra de que estos individuos son intocables, que el poder que ostentan es absoluto.
Cómo serían de retorcidas las maniobras dilatorias en ese proceso que además de utilizar las consabidas artimañas con las que todos esos tinterillos suelen enredar los procesos, uno de sus abogados le solicitó al juez del caso, “tiempo para estudiar” porque no tenía suficiente conocimiento en temas penales. Toda una maquinación para entorpecer el caso y no permitir que este avanzara, orquestada, sin duda alguna, por el avezado togado.
No nos extrañe, entonces, que aunque que la investigación continúa y se supone que Ricaurte diligentemente asistirá a las audiencias, este más bien siga el ejemplo de su colega Bustos y emprenda las de Villadiego.
Sin embargo, el daño más grande que estas nauseabundas conductas delictivas causan, es que en un colectivo de esa naturaleza, la desconfianza lamentablemente acaba por abarcarlos a todos y así lo aniquila. Y, la devastación de una de las ramas del poder, es la ruina del sistema democrático.
Por esta razón, yo exhorto a los colombianos no solamente a que firmemos cuanto antes para buscar el Referendo 2019 sino, también, a que ayudemos como voluntarios en la recolección de firmas. El tiempo apremia.
Nos urge una reforma a la Justicia porque esto que tenemos da ¡asco y mucho miedo!.

24 de julio de 2019

La frescura de los cínicos Tomado del periódico El Colombiano

Por Alberto Velásquez Martínez

Severa la justicia en el Perú. Cursan rigurosos juicios -sin dejarlos morir en la impunidad- contra expresidentes acusados de corrupción. Algunos ya están presos. Ahora pide a EE.UU. la extradición del exmandatario Alejandro Toledo. Aumenta el sindicato de exjefes de Estado latinoamericanos que tienen las manos untadas de dineros sucios de Odebrecht.
Colombia, que no podía estar por fuera de esta turbia asociación para delinquir, aporta actores que contribuyeron con sus audacias a la reelección presidencial de Santos. Millonarios contratos ficticios para nutrir la campaña reeleccionista, dan manivela a la rueda de corruptelas. Apellidos como San Miguel, Díaz, Moreno, Portilla, Prieto, alegran la comparsa de los intereses creados. Irrumpe en la danza el señor Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, quien ante la Fiscalía juró que esa firma hizo jugosos aportes a la campaña del Nobel de Paz criollo.
Como actores de reparto en ese escenario de la danza de la millonaria fortuna, aparecen congresistas, corifeos del anterior régimen. Ellos completan la nómina de prestidigitadores de la contratación y del corretaje. Se contabilizan grandes sumas de dineros circulando por las cloacas de contratos ficticios con el Estado. “En los sótanos del Senado -según dice el periódico El Tiempo- se habrían reunido congresistas de la Unidad Nacional a delinear la estrategia para ganarle a Óscar Iván Zuluaga, que aventajó a Santos en la primera vuelta por 458 mil votos”. Y agrega el diario liberal: “el 9 de junio de 2014 llegó el pago por parte de una fiduciaria por 3.894 millones de pesos...”, suma consignada en la cuenta de un alzafuelle de la trama fraudulenta, que debió transferirla inmediatamente al respectivo calanchín de la campaña liberal. En suma, rostros ocultos y algunos ya identificados, escandalizaron este convite por donde transitaron millones de pesos para comprar la reelección de 2014.
El país espera que Santos hable. No solo para decirle al país en qué consiste el Honoris Causa en ciencias sociales que le dieron en Londres -en un país en donde la inequidad es proverbial-, sino para explicarle a la nación, cómo y en cuánto lo mancharon los dineros de Odebrecht. Que no repita lo mismo que sostuvo cuando se denunciaba el escándalo de la firma brasilera, de que si tales dineros penetraron a sus arcas, “acababa apenas de enterarse”. Esa disculpa, tan poco creíble, hacía recordar la desvergonzada de su copartidario Samper cuando el Elefante del cartel de Cali entró a punta de trompadas a enlodar su campaña, de que eso “había sido a sus espaldas”. Dios los cría, y ellos se juntan.
Como nuestra justicia es diferente en rigurosidad a la del Perú -en donde se aplica la ley con severidad para los expresidentes-, intuimos que nada sucederá. Pronto morirá un escándalo más. Y el Nobel de Paz y ahora Honoris Causa de las muchas escuelas de ciencias sociales londinenses, seguirá moviéndose por Latinoamérica dictando conferencias sobre corrupción con esa frescura, propia de los cínicos.

21 de julio de 2019

Santos al tablero Tomado del periódico El Tiempo

Por Mauricio Vargas

Santos debe responder por graves señalamientos sobre platas de Odebrecht en su reelección y plebiscito.

Hace dos años y unos meses, cuando una avalancha de revelaciones puso al descubierto el ingreso de miles de millones de pesos de la multinacional brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, pedí en estas páginas que los directivos de dichas campañas le dijeran toda la verdad al país sobre tan delicado asunto.

Al principio negaron de plano los señalamientos. Pero con el tiempo, y ante las evidencias de aportes por cerca de 1,5 millones de dólares entre las dos elecciones –para la compra de camisetas, y para unas supuestas y muy costosas encuestas–, terminaron reconociendo que las arcas santistas sí recibieron multimillonarios aportes de Odebrecht, una compañía que corrompió gobiernos y congresistas en medio continente, y que en Colombia también hizo de las suyas.

Ahora que han surgido dos nuevas y gravísimas revelaciones sobre platas de Odebrecht que, según testimonios ante la justicia y los medios, resultaron fundamentales para salvar la reelección de Santos en la segunda vuelta de 2014, reitero la misma petición: que digan la verdad.

Por un lado, Andrés Sanmiguel Castaño, socio y directivo de una compañía utilizada como vehículo para recibir 3.850 millones de pesos de Odebrecht en efectivo, bajo la cubierta de un contrato ficticio, aseguró ante la Fiscalía que ese dinero fue sacado de un banco en maletines llenos de billetes, y que eran recursos con destino a la campaña de Santos para la segunda vuelta presidencial.

Los fondos, cuenta Sanmiguel, fueron requeridos con suma urgencia por dirigentes liberales que apoyaban a Santos, y monetizados en cuestión de horas. Santos había perdido la primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga, y su campaña necesitaba plata líquida con desespero para movilizar a los caciques en la segunda vuelta.

Aquí, el testimonio de Sanmiguel ante la Fiscalía se junta con las declaraciones del exsenador cordobés Bernardo ‘Ñoño' Elías a la periodista Vicky Dávila. Elías cuenta que para esa misma apretada segunda vuelta de Santos contra Zuluaga, él participó en una operación para ingresar e invertir miles de millones de pesos de Odebrecht en la campaña santista. Dice que tuvo contacto con alguien que “fungía como directivo de la campaña” de Santos y que esa persona sabía perfectamente el origen del dinero.

Solo con esas dos declaraciones, estamos ante un descomunal río de dinero en efectivo para conseguir votos que reeligieran a Santos en 2014. Pero hay algo más: dice Elías que recursos de Odebrecht también alimentaron la campaña por el Sí en el plebiscito de 2017, sobre los acuerdos de La Habana, aunque todo indica que no bastaron, pues esa votación la ganó el No.

Como lo dije hace dos años largos, es fundamental que los involucrados digan la verdad. Y que aporten pruebas. Para empezar, el ‘Ñoño' y Sanmiguel, pero también Roberto Prieto, mandamás financiero santista, hoy preso. Y, claro está, que responda el expresidente Santos, que no puede seguir callado ante tan escandalosos señalamientos y debe de inmediato pasar al tablero a responder qué supo de todo esto.

Algunos de sus defensores han dicho que Odebrecht no recibió grandes contratos ni beneficios durante el segundo mandato de Santos, que la plata de la compañía brasilera tanto ayudó a garantizar. Claro, olvidan aclarar que antes de que eso pudiera ocurrir, Odebrecht ya estaba señalado en Brasil, Estados Unidos y otros países por sus corruptas operaciones. Y daba oso darle contratos. Pero, según lo contado por el exsenador Elías, no les dio oso recibirle plata en la campaña por el Sí del plebiscito de 2016, cuando Odebrecht ya estaba en la picota pública en el exterior. La paz, sugiere el exsenador, lo justificaba todo. Por esa causa, agrega, “nos volvimos locos”.

19 de junio de 2019

Totalmente indignante y repudiable la aprobación de amnistía e indulto total a todos los crímenes de lesa humanidad y narcotráfico por parte del congreso de Colombia. Escuchen:

16 de junio de 2019

ILEGITIMIDAD DE LA JEP Y REFERENDO (Tomado de El Expediente)

Por Rafael Nieto Loaiza

La JEP tiene una doble falla de legitimidad en su origen y de ahí provienen el grueso de los problemas: la primera, que proviene de un acuerdo entre las Farc y Santos cuyo contenido e implementación fueron rechazados en el plebiscito de 2016; la segunda se basa en que la JEP supuso quebrarle el espinazo a la rama judicial, creando un órgano paralelo, independiente y autónomo, sin ninguna relación con el sistema existente de administración de justicia y cuya conformación fue arbitraria, caprichosa, por una mayoría de extranjeros, que no se sujetó a los principios básicos de inhabilidades y conflictos de interés y que, como resultado, está claramente escorada a la izquierda.

Para intentar mitigar en algo esa ausencia de legitimidad de origen, la JEP debería hacer un esfuerzo aún mayor para construir legitimidad en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, eso no ocurre. Por un lado, la JEP sufre de todas las dolencias de la justicia ordinaria que, se supone, debería evitar como órgano nuevo: burocracia excesiva, clientelismo, amiguismo en los nombramientos, gasto ineficiente, intrigas políticas, enfrentamientos entre bandos internos y, como si fuera poco, serios problemas de corrupción. Por el otro, la JEP aparece no como un órgano que imparte justicia de manera imparcial sino como uno que tiene por doble tarea la de favorecer a los miembros de las Farc y apretar con dureza a los miembros de la Fuerza Pública, instigando la delación de subalternos contra sus superiores.

La JEP es la expresión orgánica de una ruptura a un principio fundamental en un estado democrático y de derecho: el de la igualdad frente a la ley. Una ruptura que, para peor, se hizo para favorecer a los criminales y no a cualquiera de ellos sino a los peores, responsables de miles de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tan ofensivos para la conciencia de la humanidad que se creo una corte penal internacional para asegurar que no queden en impunidad. Por eso mismo, la interpretación y el ejercicio de las competencias de la JEP debe estar cuidadosamente acotado a lo estrictamente necesario y acordado. Hacer, como ha hecho la JEP en materia de extradición, interpretaciones extensivas de sus competencias y relajadas de sus obligaciones, es una afrenta adicional a la justicia y, en especial, a las víctimas, a las que se les impuso la impunidad de facto de las conductas que los ofendieron.

La justicia transicional, en todo caso, por benigna y favorable a los victimarios que sea, no puede dejar de ser justicia. Por eso, para algunos de nosotros, la ausencia de penas privativas de libertad, así sean mínimas y en condiciones favorables de reclusión, supone la citada impunidad de facto, más allá de la apariencia de sanción al establecer penas simbólicas. En todo caso, si la “paz” exige no proporcionalidad en las penas, no puede exigir impunidad. La impunidad es la partera de nuevas violencias, tanto porque incita a la venganza como porque invita a la repetición, por los mismos criminales o por terceros, de nuevas conductas delictivas que, se sabe de antemano, no tendrán sanción efectiva.

En todo caso, si se renuncia a sanciones de privación de libertad, las penas simbólicas deben ser establecidas con rigor y su cumplimiento debe ser estricto. Y en todo caso es inaceptable extender los beneficios a conductas ocurridas después de la firma final del acuerdo. La lógica de “la paz” no puede cobijar nuevos delitos y no debe fomentar la reincidencia que, además, es la violación reiterada de los derechos de las víctimas y el incumplimiento del deber de no repetición al que se comprometen los criminales beneficiarios. Las decisiones de la JEP en materia de extradición van en directa contravía de estos principios.

Que la justicia transicional de la JEP requiere, en todo caso, ser justicia, supone por tanto que la razón última de la motivación de sus jueces debe ser esa, la justicia, y no “la paz”. Cuando los jueces transicionales ponen “la paz” como motivo último de sus decisiones, traicionan su papel y dejan de ser jueces para fungir de comisarios políticos.

Por último, el triunfo del NO en el plebiscito y las mayoritarias votaciones populares en las parlamentarias y las presidenciales por candidatos que propusieron modificaciones a la JEP dan legitimidad democrática a quienes pretenden tales cambios. La resistencia sistemática de la izquierda y el santismo a esos cambios y la posición de las Cortes de impedir, a todo costa, cualquier modificación, solo invita a que los ciudadanos burlados en su ejercicio democrático, frustrados y enojados, busquen e impulsen mecanismos alternativos que permitan los cambios y, de paso, cambien también a los jueces coludidos políticamente. Ese es el origen del referendo aprobatorio que se extiende como fuego en las redes.

9 de junio de 2019

LA CORTE MALIGNA (Tomado de Los Irreverentes)

Por Abelardo De La Espriella

No sé a ustedes, pero a mí la Corte Constitucional me produce una profunda repulsión. A la sucesión de ataques recientes del seudotribunal de marras contra la democracia, la institucionalidad y la salud de la República, disfrazados de fallos, se suma ahora un golpe rastrero de la peor cosecha: la autorización para que cualquier persona pueda consumir alcohol y drogas en espacios públicos, parapetando dicha decisión en el trillado y mal utilizado concepto del libre desarrollo de la personalidad.

Lo que están haciendo la Corte Constitucional y sus aliados de la izquierda colombiana es introducir cambios estructurales al Estado y a la sociedad, a través de lo que se conoce como Litigio Estratégico. Esta bola de mamertos apátridas quiere imponer nuevas reglas, preceptos y formas, sin haber ganado las elecciones, por cuenta de pronunciamientos judiciales amañados y sesgados a rabiar, que claramente desbordan las competencias de dicho tribunal, toda vez que esa función recae en el Congreso, por una parte, y, por otra, en el Gobierno, cuando de políticas públicas sobre seguridad y convivencia se trata.

La maquinaria del Litigio Estratégico está perfectamente coordinada: un grupo de “ciudadanos preocupados” presenta las demandas o tutelas “envenenadas”, que luego son estudiadas por “desinteresados” magistrados, quienes, a la postre, definen el asunto jurídico, de acuerdo con las conveniencias zurdas, que son las suyas propias: el poder judicial está en manos de la izquierda. Es evidente, a todas luces, que la Corte Constitucional pretende imponernos un modelo de país, que las mayorías pensantes rechazamos vehementemente.

Con el fallo en comento, la propia Corte Constitucional (otrora guardiana de la Carta Magna, hoy enterradora de la juridicidad y alcahueta del narcotráfico) desconoce de manera olímpica una serie de normas, a saber: el artículo 44 de la CN señala de manera clara y expresa, que: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”; el artículo 49 de la CN, que prohíbe el porte y consumo de alucinógenos, salvo prescripción médica; el artículo 82 de la CN, que hace referencia a la integridad de los espacios y su uso común, el cual predomina sobre el interés particular. Hay otras normas violentadas: los artículos 1,2,4, y 95 de la CN, y ciertos tratados internacionales que versan sobre la obligación ineludible de los estados parte de proteger la integridad emocional de los menores de edad.

¿Cómo, entonces, se pueden salvaguardar los derechos fundamentales de los niños cuando se les somete en un parque al espectáculo deplorable de ver a un adulto drogándose o en estado de alicoramiento exacerbado? El libre desarrollo de la personalidad se ha convertido en una patente de corso para condenar a la gente decente a convivir con las inmundicias propias del bazuco, la cocaína, la marihuana y demás drogas, en espacios abiertos. El que se quiera drogar que lo haga en su casa; ¿por qué la retorcida necesidad de hacer pública una adicción?

Lo que ha hecho la Corte Constitucional o, más bien, los togados del mal que la conforman, es asqueroso, impresentable, despreciable, abominable y bárbaro; pero, además, es inconstitucional, pues se han pasado por el tafanario principios constitucionales inalienables y los precedentes judiciales sobre la materia. Con una decisión ulterior, desconocen otras anteriores con fuerza vinculante, que de un plumazo han quedado en entredicho, como la sentencia C-221 de 1994, que autorizó en su momento a las autoridades, para impedir el consumo de drogas en lugares públicos.

Los magistrados de la Corte Constitucional son soberbios y retadores; ellos creen que el puestico les va a durar toda la vida; descaradamente hacen política y materializan sus posturas izquierdosas, en fallos cada vez más absurdos e irracionales, que, amparados en el libre desarrollo de la personalidad, sacrifican los derechos de la comunidad y afectan de manera terrible la convivencia y la seguridad ciudadana. El gobierno del presidente Duque debe presentar cuanto antes un proyecto de ley al Congreso para corregir el desafuero de la Corte Maligna.

Ya va siendo hora de pararles el macho a esos remedos de jueces que se creen incluso por encima de la misma constitución que dicen defender. Que no quepa duda: la Corte Constitucional no está fallando en derecho, pues hace las veces de un movimiento electorero, cuyo fin no es la justicia sino la politiquería.

La ñapa I: Enhorabuena por el ascenso de un soldado patriota y defensor de la democracia, el señor general Nicasio Martínez. No pudieron los enemigos de la Patria, esa izquierda radical que odia al ejército y ensalza a la guerrilla, frustrar la merecida promoción de un hombre íntegro y honorable.

La ñapa II: ¡Tamaño descaro el de Agnès Callamard, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, y su combo de dizque “trabajo sobre desapariciones forzadas” atreverse a ordenar al Gobierno nacional “a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida”! Si los de la ONU fueran gente seria, no habrían sido tan blandengues como lo fueron a propósito de Hungría, en 1956; Praga, en 1968, y Tiananmén, en 1989; pero bien sabido es que esa organización es incapaz de meterse con los grandes ni mucho menos con los comunistas.

20 de mayo de 2019

JUSTICIA POLITIZADA

Por Enoris Restrepo de Martínez (Tomado del periódico El Colombiano)

Tal vez uno de los síntomas más graves del deterioro de una sociedad es la decadencia de la calidad de la justicia con la que se rige. Más grave aún es que la justicia se ponga al servicio de una determinada ideología. No tenemos que ir muy lejos para ver cómo el aparato judicial de nuestra vecina Venezuela persigue a todo quien no comparta la ideología del dictador Maduro.

Aquí no estamos muy lejos, es bastante evidente la forma como la justicia selecciona a quien castiga y los delitos de quien ignora. ¿Cómo se financió la segunda campaña del presidente Santos por parte de Odebrecht y a cuál magistrado le interesó eso? Ver cómo ignoran el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado , la comentada financiación de la mafia a la campaña del expresidente Samper, quién investiga cómo se gastan el dinero algunas “fundaciones” capitalinas, ligadas a políticos liberales y de toda clase de partidos.
Basta con ver la condena de 17 años que le impusieron a “Uribito” sin haberse apropiado de un solo peso y ojo a la irrisoria condena que tal vez le darán a los más temibles asesinos y violadores de niños miembros de las Farc.

Los pecados de los políticos de izquierda son veniales, simplemente no merecen siquiera ser investigados. ¿Qué tal que el político que aparece en un oscuro video contando fajos de billetes con una sonrisa de satisfacción hubiese sido del Centro Democrático? ¿Qué tal que hubiese sido un senador del Centro Democrático el que siendo presidente de una fundación hubiese contratado con el Estado? Un tribunal de Chocó nos acaba de condenar a todos los colombianos a pagar una enorme cifra por el horrible hecho de Bojayá y en la misma sentencia no exige ni un peso a los verdaderos autores.

Hemos visto muy recientemente fallos y posiciones de algunos magistrados muy sesgados de ideología, como lo que tiene que ver con el glifosato que es un depredador del medio ambiente si se usa para perseguir los cultivos ilícitos, pero para los alimentos que consumimos como el maíz, el frijol, etc. ahí sí no es dañino. Muchos colombianos apoyamos las justísimas observaciones a la intocable JEP, en especial la que pide que los delitos sexuales cometidos contra mujeres y niños por los “honorables” guerrilleros no fuesen premiados con condenas irrisorias por parte de la JEP.

17 de abril de 2019

LAS MINAS ANTIPERSONA

Por María Clara Ospina (Tomado del periódico El Colombiano)

Nada más inhumano, cobarde y criminal que sembrar los campos con minas explosivas, que al más leve contacto explotan destruyendo la vida, o lisiando a quien ha tenido la desgracia de tocar inadvertidamente una de ellas.

A nadie perdonan estos artefactos: soldados, campesinos de todas las edades, mujeres embarazadas, jóvenes y niños, indiscriminadamente sufren las consecuencias de una minibomba camuflada en la tierra. Esta arma fue ampliamente usada por los narcoterroristas de las Farc y otros grupos criminales en Colombia, convirtiendo al país en el segundo territorio más “contaminado” por minas en el mundo.

El Sistema de Información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encargada de la Acción Integral Contra Minas Antipersona (AICMA), registra desde 1990 hasta el 31 de marzo de 2019 un total de 11.735 víctimas por minas antipersona. El 2006 con 1.228 víctimas, el peor en la historia de Colombia. En lo corrido de 2019, se han presentado 42 víctimas.

De estas víctimas, 2.293 murieron y 9.442 quedaron heridas, muchas de ellas perdieron miembros de sus cuerpos, piernas o brazos, quedaron ciegos o con sus rostros quemados. De ellos, 6 de cada 10 son miembros de la fuerza pública y 4 son civiles.

Los heridos por minas son uno de los grupos mayoritarios en los hospitales militares y en los centros de recapacitación del país. Cada historia más dolorosa que la otra, cada una, un ejemplo de recuperación y valor.

Es muy triste cuando los medios nos notifican de la muerte de un soldado especialista en antiminado, mientras hacía su trabajo. Muere un héroe, que, con su labor, ha evitado la muerte de cientos de personas; alguien que ponía a diario su vida en peligro por salvaguardar la integridad física de otros. Colombia pierde un especialista en el que se han invertido muchísimos recursos y tiempo en entrenamiento.

¿Por qué los que pusieron, u ordenaron poner estas minas no son los que efectúan el desminado? La dura respuesta es porque quizá están muy ocupados ejerciendo como senadores de la República. Las operaciones de desminado humanitario en Colombia están a cargo de entidades colombianas y extranjeras que participan con hombres, ayudas técnicas y económicas. Como resultado de estas operaciones se han declarado libres de sospecha de minas cuatro departamentos, Amazonas, Atlántico, Magdalena y Quindío, y 174 municipios.

Esto significa que se ha liberado un área total de 8.462.321 m 2 y se han neutralizado o destruido 6.499 artefactos explosivos. Además, el Gobierno desarrolla importantes campañas de alerta, educación y prevención antiminas en las zonas consideradas aún minadas o de alto riesgo (*).

La “siembra” de minas antipersona es uno de los crímenes más inhumanos y horrendos de la guerra que Colombia ha sufrido. Y, como van las cosas, será otro de los crímenes que quedará impune y cuyas víctimas no verán la reparación ni oirán pedir perdón a los criminales que lo cometieron. (* Información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz).

3 de abril de 2019

LOS CHATS QUE DEMUESTRAN EL VÍNCULO ENTRE ODEBRECHT Y RGQ

Investigación de Paula Bolívar y Laura Palomino (Tomado de la emisora La W)

En las conversaciones obtenidas de manera exclusiva por W Radio también aparecen involucradas entidades públicas como el Sena y 4/72.
W Radio conoció en exclusiva la denuncia que acaba de ser interpuesta en el despacho del fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa , la cual revela que el empresario Esteban Moreno sí tenía un vínculo con Odebrecht y que este realizó un pago a la empresa RGQ Logistics demostrando un vínculo entre las dos compañías , que al parecer habrían sido utilizadas para favorecer la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2014.

Ver columna completa en el portal de La W