8 de mayo de 2021

"A Colombia nos la vistieron de represiva" (Tomada del Periódico El Tiempo)

Por Maria Isabel Rueda

La pura verdad es que en las nutridas marchas que desde hace más de diez días vemos por Colombia hay una angustiosa confluencia de tres grupos.

Primero están los miles que, con todo derecho, se han volcado a las calles a protestar pacíficamente, en ejercicio de sus libertades. Ante ellos, el Gobierno no puede tener sino un mensaje: marchen todo lo que quieran y hablemos a ver en qué concluimos para ayudar.

Los segundos son los vándalos. Los que aparecen para destruirlo todo, incendiar las gobernaciones, las estaciones y los buses, para quemar vivos a unos policías dentro de su CAI, agarrar a piedra, a cuchillo o a bala a la autoridad o a los ciudadanos que intentan proteger sus propiedades. Esos vándalos son criminales, sin más. Que nos excusen la señora Bachelet, la ONU, la Unión Europea, ‘The New York Times', el Parlamento alemán, pero un gobierno está obligado, en defensa de sus ciudadanos, a actuar como se procede en el mundo entero contra los vándalos irracionales: con toda la fuerza. Cuanta sea necesaria, de acuerdo con la intensidad de la agresión.

El tercer grupo es el de los que están bloqueando la locomoción de la gente, de los camiones de abastecimiento, de los buses, de las ambulancias. Este grupo cree que los derechos de los demás no existen, solo los de ellos. Ese bloqueo del país hay que romperlo a la fuerza, bajo una premisa simple: a mí, como Estado, usted no me puede hacer eso, y con mi autoridad no se lo voy a permitir.

Porque si en cada uno de estos escenarios no se empieza a hacer lo que toca, es decir, respeto absoluto con los del primero, rechazo y castigo a los del segundo y autoridad para los del tercero, correríamos el riesgo de que la gente pacífica, ya desesperada por la anormalidad, resuelva ella misma actuar violentamente, reemplazando a la autoridad que no está viendo actuar. Es que el vacío del Estado no es gratis.

Puede que no les falte algo de razón a los que creen que al Presidente le han hecho falta autoridad y liderazgo político. Pero hay que reconocer que le tocó manejar una situación sin antecedentes en Colombia, heredada en buena parte de la pandemia.

Pero el descontento social en Colombia viene de muy atrás. Lo logró barrer Santos debajo del tapete con su proceso de paz. Y aunque al Gobierno puede achacársele cierta demora en la negociación de las vacunas, la culpa de que ellas sean escasas tampoco es de Duque, aunque parte de la inspiración de las marchas sale de ahí. De la desesperación de la gente que se ve cada vez más pobre, confinada, asustada y hasta desesperada.

Duque aceptó retirar la reforma tributaria, demostrando su voluntad de ser flexible, después de haber cometido la equivocación de aspirar, en un momento como este, a un recaudo tributario de 25 billones de pesos, para mantener sus programas sociales. Entendiblemente resultó inviable.

Lo que sí es inexplicable es por qué Colombia quedó vestida ante el mundo como un régimen represivo, del corte de Nicaragua, Venezuela o Siria. ¿A qué horas fuimos derrotados políticamente en el ámbito internacional? La noticia en los periódicos y la que manejan los gobiernos es que en Colombia la policía está aniquilando al pueblo que protesta pacíficamente. Lo resume Petro a la perfección, con una alocución (como él bautizó rimbombantemente sus declaraciones públicas) en la que explicó que la policía “recorre las calles buscando a quién matar, a quién dañar sus ojos. A quién torturar y violar. A quién desaparecer”.

Y esa no es la verdad.

Tampoco lo es que Iván Duque sea el promotor de una represión oficial que se está incrustando en Colombia. Hasta sus enemigos reconocen que está más lejos de parecerse a un Pinochet que al presidente bonachón y hasta ingenuo que es.

Pero, además, Duque se está quedando preso de una cantidad de contradicciones. La principal, la destrucción de la escasa infraestructura pública, la carestía por desabastecimiento de víveres e insumos y el cierre de empleos, todo ello contra lo cual precisamente quería protestar la marcha. Los bloqueos, a su vez, disparan el contagio y ocupan con los heridos de las marchas las pocas camas libres.

Duque no es culpable de la mayoría de esta cadena de hechos desafortunados. Pero no ha tenido manejo para evitar que en el frente internacional estén convencidos de que el Gobierno ha autorizado que la policía colombiana aniquile a su población. ¿A qué horas perdimos tan inútilmente esta batalla?

Entre tanto... ¿A los que nos gusta la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada no se nos reconocerá el derecho de que permanezca erguida en su plazoleta?

MARÍA ISABEL RUEDA

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6 de mayo de 2021

"No eran armas letales sino bengalas, lo que usó la Policía en Bogotá" (Periódico El Tiempo) Haga clic en el título.

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30 de abril de 2021

Colombia-sa apoya a nuestros policías y soldados. Como dice el ex-presidente, Dr. Álvaro Uribe Vélez , ellos tienen el derecho y el deber de utilizar las legítimas armas para defenderse y para defender a los colombianos . Totalmente incomprensible que Twitter haya borrado el siguiente twitt:



Rafael Nieto Loaiza: Twitter eliminó este trino dizque por incumplir sus reglas. Revisé y no incumple ninguna. No incita al odio, la violencia o al terrorismo. Solo resalta el derecho a la legítima defensa y la función constitucional de la Fuerza Pública. Es censura grosera y dura. ¡Una vergüenza!

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29 de abril de 2021

Gustavo Rugeles (twitter): "Terroristas urbanos les prendieron fuego a los uniformados del Esmad en la ciudad de Pasto durante el Paro Nacional".

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21 de febrero de 2021

EXFISCAL HILDA NIÑO RATIFICÓ QUE PRESUNTAMENTE HUBO UN “COMPLOT” CONTRA URIBE EN LA ADMINISTRACIÓN MONTEALEGRE

La exfuncionaria responsabilizó de nuevo al exfiscal Eduardo Montealegre y al exvicefiscal Jorge Perdomo.

Tomado de la Revista SEMANA    (Haga clic sobre el título)

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20 de febrero de 2021


“FALSOS POSITIVOS”: INVESTIGAR AL INVESTIGADOR    (Haga clic sobre el título)

Por Eduardo Mackenzie

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18 de febrero de 2021

AL COMUNICADO DE LA JEP

Por el Dr. Álvaro Uribe Vélez
Expresidente de Colombia

NUEVO ATROPELLO DE LA JEP POR  FALSOS POSITIVOS.

Un solo propósito como lo celebra The Economist: desacreditar a mi persona.

Organizaciones que tienen en cuenta, de marcada orientación política y enemigas declaradas del Gbno que presidí:

•    Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP) (Pagos comprobados a falsos testigos)

•    Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

•    Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

•    Madres Víctimas de los Falsos Positivos (MAFAPO)

•    Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA)

•    Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

•    Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez

•    Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda 

•    Comisión Colombiana de Juristas ( CCJ )

•    Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Siguen más

La Comisión Civil de la Verdad, dirigida por Herbín Hoyos, demostró que no existió el Falso Positivo de Dabeiba.

A continuación un resumen de medidas para garantizar la transparencia de nuestra política de Seguridad Democrática, tema al que me referido en múltiples ocasiones:

Falsos positivos 

Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias. Refiero en esta nota a algo de lo que he repetido sobre el tema, que venía de décadas atrás con la particularidad de que en los gobiernos que presidí ordené que todo se ventilara públicamente. 

1. Recién iniciado el Gbno, en 2003, cuando la Seguridad Democrática empezaba a dar tranquilidad a los colombianos, ONGs, contrarias a mis ideas, acusaban a las Fuerzas Armadas (FFAA) de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales. Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo, de alguien dado de baja en combate, permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FFAA y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. 

2. También en esos primeros años enfrenté, en público, el grave hechos entre soldados y policías ocurrido  en Guaitarilla y el asesinato de civiles en Cajamarca. 

3. Poco antes de la reelección presidencial, en 2006, en Jamundí, se dio el trágico suceso nuevamente entre soldados y policías, el Ministro Camilo Ospina, con mi apoyo, hizo el convenio con la Fiscalía para que este ente asumiera el inicio de investigación en cualquier caso de bajas.  Esa decisión de transparencia fue interpretada por retirados de las FFAA como una derogatoria de la Justicia Penal Militar, y, por otro lado, la Fiscalía llegó al exceso de hacer de cada levantamiento de cadáver un auto de cabeza de proceso contra soldados de la Patria. 

4. En una ocasión me reuní con un Capitán del Ejército, testigo protegido, en la sede de Naciones Unidas en Bogotá, al salir revelé al país su versión de que en la Brigada de Ocaña habían asesinado inocentes para proteger a narcotraficantes y pretender demostrar que si perseguían al narcotráfico; los responsables están presos. 

5. Me reuní con las Madres de Soacha, dije al país lo que les escuché, afirme que nada justifica el asesinato. Un grupo de Madres de Soacha, diferentes a quienes acudieron a la Presidencia, me denunció hace poco ante la Corte Suprema en razón de que en redes repetí lo que había dicho como Presidente. Acepté retirar lo dicho en conciliación en la Corte por respeto al dolor de las madres. 

6. Suspendí de sus cargos a 27 oficiales del Ejército a finales de 2008, decisión a raíz de un informe del Ministerio que presentaba indicios de conductas penales en uno de los casos y en los demás falta de rigor en los protocolos operativos que podrían facilitar hechos delictivos. 

7. Próximo a terminar el Gobierno recibí la visita del representante de Naciones Unidas, quien me dijo traerme la “buena noticia” de que en los últimos dos años solamente había 4 casos sospechosos de violación de Derechos Humanos, “no debería haber uno solo”, le repliqué. 

8. Están mis intervenciones públicas que repetían lo mismo expresado en los consejos de seguridad sobre la necesidad de unas Fuerzas Armadas, transparentes y a la ofensiva. 

9. Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas,  y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional, ni la impunidad total delreciente mal llamado proceso de paz. 

10. En nuestro Gobierno las  capturas fueron 36363 y las bajas 13992. 

11. Siempre me pregunto si nuestra tarea hubiera sido propiciar el asesinato por qué el país avanzó tanto en seguridad. 

12. También me acusan con el tema  “Uribe acosaba mucho”, qué tal que no, acosé lo mismo a los ingenieros para que avanzara la Malla Vial del Valle del Cauca como a las Fuerzas Armadas para que le garantizaran tranquilidad a la ciudadanía. El afán de eficiencia no es excusa para violar la ley. La inacción me habría evitado la acusación pero el terrorismo se habría acercado a la toma del poder. 

13. La Seguridad Democrática se hizo inobjetable a medida que acreditaba que protegía a todos los colombianos sin importar consideración diferente a la de ser ciudadano.

 14. La oposición tuvo la misma protección de los más cercanos al Gobierno. Lo anterior quitó argumentos en contra de esa política pero no resignados acudieron a desacreditarla, algunos desde la institucionalidad con delitos y otros desde la contraparte con falsas acusaciones que hoy también afectan a muchos soldados inocentes.

15. No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas.
 

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15 de noviembre de 2020


CARTA A LA JEP SOBRE UNAS MENTIRAS     (Tomado de la Revista Semana)

Con tantas atrocidades que existieron, cabría preguntar a la JEP qué fin persiguen cuando falsean la verdad.

Por: Salud Hernández-Mora

Recuerdo el famoso escándalo del pequeño cementerio de Dabeiba, Antioquia, que, según ustedes, albergaba decenas de “falsos positivos”. Pues siento decir que fue un montaje del magistrado Alejandro Ramelli, con la complicidad de un militar condenado por atrocidades.

El acto cumbre de aquellas jornadas fue la entrega, en acto solemne, de los restos de un campesino que llevaba 18 años “desaparecido”. Para otorgar relevancia al evento, al que dieron gran difusión mediática, la JEP invitó al embajador francés. Ahora sabrá el diplomático que todo fue una patraña.

Porque Edison Alexander Lezcano nunca estuvo “desaparecido”. Identificaron su cadáver el día que murió a manos del ejército y sus familiares ya cobraron una jugosa indemnización.

Pero Ramelli prefirió interpretar el papel de indignado magistrado de la JEP por “la inoperancia de la Justicia en ese caso”, dando a entender que encubrían a las Fuerzas Militares. Según dijo, el proceso por el crimen de Lezcano fue archivado el mismo año de su muerte, ocurrida en 2002.Les pregunto, señores de la JEP, ¿por qué lanzan falsedades si los jueces no solo no engavetaron el proceso, sino que fallaron a favor de la familia de Lezcano y en contra del Ejército?

Devolvámonos al año 2002. Dabeiba sufría las atrocidades de Farc y paramilitares por ser un punto estratégico entre el Urabá antioqueño y el nudo del Paramillo. También era testigo de la muerte de decenas de militares en combates contra ambas mafias, sin olvidar que algunos uniformados cometieron graves delitos.

Lezcano muere el 19 de mayo de ese año y existen dos versiones sobre lo sucedido. Una, aceptada en 2012 por el Ministerio de Defensa, de un falso positivo: lo sacaron a la fuerza de su casa unos soldados, aunque solo era un campesino, para matarlo y presentarlo como guerrillero muerto en combate. La otra, de habitantes de Dabeiba con los que hablé, indica que era miliciano de las Farc y murió en un enfrentamiento con militares.

Aceptemos que se trató de un falso positivo. Señores de la JEP, ¿por qué su magistrado Ramelli teje un telar de mentiras? ¿Será que pretenden enviar el mensaje al país y al mundo de que solo, gracias a ustedes, descubren desaparecidos y hacen justicia?

Ustedes saben que el Consejo de Estado, en 2012, condenó al Ejército a pagar a la familia de Lezcano una indemnización de 753 millones. Y en su sentencia escriben que el oficial de la contraguerrilla que le dio de baja entregó los cuerpos sin vida de Lezcano, identificado, y de un NN, el mismo día de sus muertes. También agregan que en 2003, la Fiscalía y el personero del municipio acreditaron, con la ayuda de la viuda del difunto, señora Rubiela (omito el apellido), la identidad del cadáver.

Cierto que no pudieron celebrar un funeral ni marcar la tumba. En esa época terrible, me dijeron dabeibanos, la familia de Lezcano no reclamó el cuerpo porque hacerlo suponía correr el riesgo de que te mataran los paramilitares al tratarse de un miliciano.

Otra prueba de que ustedes, JEP, no contaron la verdad sobre Lezcano es que fue en 2004 cuando Rubiela y sus dos hijas, así como el papá y dos hermanos del difunto, demandaron al Ejército por “falso positivo”. Y seis años más tarde, 28 de abril de 2010, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró responsable a la Nación por “falso positivo” y la condenó a pagar indemnización. Dos años más tarde, el Ministerio de Defensa y la familia celebran una conciliación judicial y en 2013 reciben los 753 millones.

Las preguntas a ustedes en la JEP y a su magistrado Ramelli son obvias: ¿por qué aseveró que el Estado había abandonado a su suerte a la familia? ¿Por qué montó semejante show con medios de comunicación? ¿Qué pretende la JEP, blanquear los crímenes de las Farc a costa del Ejército?

También cabe anotar que el militar que fue a Dabeiba en calidad de informante, el que aseguraba que Las Mercedes era el megacementerio de los “falsos positivos”, ha mentido y Ramelli lo ha encubierto. Sin ir más lejos, hablaba de asesinatos cometidos entre 2005 y 2007, y a Lezcano lo mataron en 2002. Lo malo, señores de la JEP, es que no contentos con las falacias de febrero, esta semana su magistrado Ramelli, que retornó al cementerio de Dabeiba, volvió a las andadas con otras falacias.

Presentó como presuntos falsos positivos a los muertos de la familia de Félix Manco, cuyos restos desenterraron. Pero, según cuentan fuentes fidedignas, fueron los paramilitares los asesinos. La masacre de cuatro miembros de esa familia se produjo porque fueron a buscar a alias el Tuerto, el hijo miliciano de Don Félix, para matarlo. Al no encontrarlo, asesinaron al papá y a otros dos hijos. Los enterraron en Las Mercedes en una fosa común por miedo a que los sobrevivientes corrieran la misma suerte. Los paramilitares no solían permitir que dieran cristiana sepultura a sus víctimas. El otro “desaparecido” que Ramelli mostró –Albeiro Úsuga– fue asesinado por paracos porque, conforme a versiones de dabeibanos que lo conocieron, se trataba de un miliciano que participó en el asesinato de un prestante comerciante de la familia Vanegas, a quien las Farc pretendían aniquilar. Uno de sus hijos se exilió en Australia y otro se metió a las AUC en venganza.

Con tantas atrocidades que existieron, cabría preguntar a la JEP qué fin persiguen cuando falsean la verdad.

NOTA: Me informan que FEVCOL (Federación de Víctimas de Colombia) planea demandar a todos los patrañeros que se prestaron al espectáculo que montó la JEP en Dabeiba alrededor de Lezcano.

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5 de noviembre de 2020

Jefe es Jefe       (Tomado del diario El Colombiano )

Por Juan Gómez Martínez

El líder, el jefe lo es en cualquier parte donde se encuentre o donde lo tengan los envidiosos. En el gobierno, en la actividad privada, en el legislativo y hasta en el lugar de retención producto de la envidia y de los celos.

Álvaro Uribe Vélez , quien le ha servido al país en todas las posiciones que brinda la democracia, quien ha sacrificado su tranquilidad por seguir prestando servicios y no se ha resguardado en su prestigio como la mayoría de los ex, ahora hace una propuesta de reforma constitucional para salir de la encrucijada en la que nos dejó Juanpa –como le gusta que le digamos– por creerse merecedor de un premio internacional.

Ahora, el Jefe propone un referendo para corregir los entuertos que tienen a Colombia en el peor de los momentos de su historia. El Congreso, el llamado para hacer esas reformas, no tiene la voluntad ni la nobleza requeridas para modificar la Constitución colombiana que en algo los podría afectar, hacer el llamado para convocar una nueva Asamblea Constituyente, es un imposible, entonces, el camino es el referendo propuesto por el jefe y líder más importante de la reciente historia colombiana.

Nadie puede negar que nuestra justicia está en su peor momento. Que hay que reformarla, que hay que reducir la cantidad de nuevas Cortes y volver a una o máximo dos altas Cortes como el jefe propone. Así tendremos una pronta y confiable justicia. El presidente Uribe propone la creación de una Comisión Especial Legislativa para que implemente el referendo, compuesta por treinta miembros elegidos por el Senado. Un Tribunal de Aforados para la independencia al juzgar congresistas y magistrados. Acabar con el cáncer de la JEP y dar garantías para el juzgamiento de los integrantes de la Fuerzas Armadas. La protección de los líderes sociales ahora sacrificados por fuerzas oscuras. Que se impida la llegada al Congreso de los responsables de delitos de lesa humanidad. Que se persiga la producción y distribución de sustancias sicoactivas sin que se castigue a los consumidores que cayeron en ese mortal vicio. El gran jefe Uribe propone también disminuir la burocracia, que tuvo un crecimiento inusitado en el anterior gobierno, y, con esa medida, aumentar la inversión social. Disminuir el número de congresistas y, en forma paulatina, rebajar su salario. Apoyar con recursos monetarios a los más vulnerables. Educación gratuita en ciertos niveles de ingresos y posibilidades de escoger institución oficial o privada. Proteger los Ecosistemas Estratégicos con remuneración para quienes lo hagan.

La enumeración rápida de la propuesta para el Referendo, nos muestra a una persona que quiere a Colombia, que no descansa en la búsqueda del bienestar para los colombianos, que, a pesar de todas las persecuciones de los envidiosos apátridas, prefiere el sacrificio que hace en lugar del retiro para conservar la buena imagen que dejó al finalizar su gobierno. Por eso admiro al jefe de los jefes.

Tenemos que apoyar esta propuesta de un referendo para devolverles la tranquilidad y bienestar a los colombianos golpeados por el funesto gobierno anterior.

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20 de septiembre de 2020

Fortalecer la Policía, NO Debilitarla       (Tomado de La otra cara)

Por Rafael Nieto Loaiza


El exceso en el uso de la fuerza por parte de patrulleros de la Policía en el caso de Javier Ordoñez está fuera de discusión. Además del video donde se hace evidente el abuso del arma de electrochoque, innecesario cuando ya estaba sometido, está el informe de Medicina Legal que probaría que fue golpeado después de haber sido detenido y que esos golpes le ocasionaron la muerte. La justicia debe actuar con rapidez y sancionar con severidad a los asesinos.
Que los responsables hayan sido policías solo agrava el homicidio. La Policía  tiene por tarea proteger a los ciudadanos, asegurar que tengan “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades” y “que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Los policías no puede ser un riesgo para los ciudadanos, no los pueden poner en peligro.
De manera que hay que condenar con contundencia la conducta criminal de los patrulleros responsables del homicidio de Ordoñez. Ahora, no es la primera vez que unos policías cometen un delito. Hubo altos oficiales en la nómina de los narcos, involucrados en secuestros, infiltrados por la guerrilla, incluso asesinos. Pero son la excepción, no la norma. Que haya habido delincuentes uniformados no significa que la Policía como un todo sea narcotraficante, secuestradora, guerrillera u homicida. No debe confundirse el delito de unos pocos policías con el comportamiento de toda la Policía, como hacen con perversa intención políticos de la izquierda radical. La conducta de unos no puede extenderse a todos o a responsabilizar a la institución.
Que ocurran esos delitos no significa que la Policía no esté formando de la manera adecuada a sus miembros o que los procedimientos policiales sean inadecuados. Los datos del comportamiento correcto y ajustado a derecho de la inmensa mayoría de policías -un hecho, no una especulación-, mostrarían que, en general, esos programas y esos procedimientos son buenos. Pueden revisarse, por supuesto, porque quizás tengan alguna falla o, en todo caso, pueden mejorarse. Incluso hay que generalizar el uso de nuevas tecnologías. Cámaras individuales, en patrullas y en los CAI , que sirven tanto para monitorear el comportamiento de los policías como para luchar contra los delincuentes y judicializarlos. Pero todo hay que hacerlo con ánimo constructivo, para hacer más fuerte a la Policía y no debilitarla, como buscan algunos.
Desarmar la Policía, como han propuesto, es una soberana tontería. No hay hoy en el mundo un cuerpo policial que no cuente con armas de fuego. Incluso los famosos bobbies ingleses, que por tantos años vigilaron solo con bastón policial, aerosol de pimienta y, más recientemente con armas de electrochoque, hoy cargan y tienen autorización para usar armas de fuego. Y sus desafíos en materia de seguridad y la lucha contra el terrorismo son muchísimo menores que los nuestros. En un país como Colombia, con el narcotráfico más fuerte que nunca, el conflicto armado vivo y con una tasa de homicidios de 25,05 por cien mil habitantes, sería un despropósito que solo traería más violencia y más muertes.
Hay quienes proponen el traslado de la Policía al Ministerio del Interior. Alegan que la Policía está militarizada. No lo está. La Policía es de naturaleza civil y esa naturaleza no cambia porque esté dentro de la estructura del Ministerio de Defensa. El MinDefensa es civil. La Policía no tiene ninguna dependencia o subordinación a las Fuerzas Militares. Es plenamente autónoma y su formación e integración es civil, no militar. Acá ni siquiera tenemos policías de naturaleza militar como la Guardia Civil española, los Carabinieri en Italia, la Gendarmería francesa o los Carabineros chilenos. Y no sobra recordar que si la Policía está en la órbita de Defensa es porque cuando estuvo en el Ministerio de Gobierno fue usada políticamente.
Su profesionalización definitiva se consiguió en su traslado a Defensa. Sigue siendo importante que siga ahí mientras que se necesite el trabajo coordinado entre las  FF.MM . y la Policía para enfrentar narcotráfico y grupos armados ilegales.
Ahora, lo que sí debe estudiarse es devolver a los policías su derecho a votar. Pero de ello no se habla. En las circunstancias actuales no tiene sentido semejante restricción a sus derechos políticos.
La Policía tiene hoy cerca de 167 mil miembros. La inmensa mayoría de ellos son cumplidores de la ley y se juegan el pellejo todos los días para proteger a los ciudadanos, combatir el delito y capturar a los criminales. Centenares fueron asesinados el año pasado y son miles los que murieron en la última década. Hay que agradecerles, no condenarlos. Y, por supuesto, investigar y juzgar a quienes abusen de la fuerza o cometan delitos. Pero de ninguna manera se puede estigmatizar a la institución policial o menguarla. Al contrario, necesitamos una Policía fuerte y con autoridad. Debilitarla solo favorece a los bandidos y a quienes apuestan por el vandalismo en la calle para erosionar al Gobierno.

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1° de septiembre de 2020

¡Huele a cloaca!

Por María Clara Ospina     (Tomado del periódico El Colombiano )


Infeliz un país que ve cómo la honorabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se derrumba ante sus ojos y la imagen digna de la justicia va quedando convertida en un feo esqueleto de huesos putrefactos.
Desventurados los ciudadanos cuando comprenden que la majestad de una institución, la cual debe fungir como su defensora imparcial, se ha ido evaporando hasta disolverse completamente.
¿Quién defenderá al ciudadano común ahora? Es claro que no serán estos magistrados, quienes día a día obedecen a una agenda propia, ¿política o algo peor? Y no a la Constitución y las leyes que los deben gobernar.
Los días que pasaron sin que los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte aceptaran lo claramente ordenado por la Constitución, respecto al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez , desdibujaron más su imparcialidad, su honorabilidad.
Es vox populi que estos magistrados buscaron, desesperadamente, cómo impedir que el caso de Uribe Vélez pasara a la Fiscalía para ser juzgado por la justicia regular.
Es vergonzoso ver cómo Iván Cepeda , archienemigo de Uribe, prácticamente les da órdenes a los magistrados quienes, hace un corto tiempo, lo declararon “inocente”, en una dudosa sentencia relacionada con el expresidente Uribe.
¿Por qué pretendieron negarse a entregar el caso de Uribe Vélez a la Fiscalía? ¿Acaso han cometido tal cantidad de irregularidades y atropellos en el expediente del expresidente que temen que la justicia regular descubra sus desmanes?
Un número abrumador de exministros y exmagistrados de la Corte Suprema y otras altas cortes, de todas las corrientes políticas, de izquierda, centro y derecha; amigos y enemigos del expresidente presentaron, respetuosamente sus conceptos, recomendando el traslado del expediente del ciudadano Álvaro Uribe a la Fiscalía. Igual determinó la Procuraduría General de la Nación. Quizá esto fue lo que “caló” en la Corte.
A la Corte Suprema de Justicia, como ciudadanos, le debemos todo respeto. Mas no a los magistrados presentes, ni a los de los últimos años, quienes no han hecho honor a la institución que representan.
Recordemos a aquellos magistrados que arbitrariamente se negaron a aceptar la información rescatada del computador de Raúl Reyes ; información indispensable para acabar con el narcoterrorismo de las Farc, para conocer quiénes eran sus asociados o “empleados a sueldo” en el Congreso, los lugares donde mantenían a los secuestrados, los escondrijos de sus caletas, sus rutas para importar armas y exportar droga, en fin, todas sus atrocidades.
Recordemos a los magistrados del “Cartel de la Toga”, vergonzosos comerciantes de sentencias.
Con estos hechos se ha erosionado la credibilidad e imparcialidad de estos magistrados. ¡Lo que está ocurriendo da miedo! No creo que en la historia de la República haya sucedido algo semejante. Cada día estos magistrados se parecen más a los que mantiene Nicolás Maduro en su Corte Suprema de bolsillo.

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26 de agosto de 2020

Exclusivo: el documento de Barceló que ordenó la interceptación de Uribe   (Tomado de la revista SEMANA) 
(Haga clic en el título para ver el documento)

SEMANA conoció el auto firmado por el exmagistrado, en el que se pidieron las escuchas que eran para el congresista Nilton Córdoba y terminaron en el celular del expresidente. Esta es la compleja historia que hay detrás de esta polémica.
En el auto, el magistrado Barceló le pide a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que “rastree y registre” todas las comunicaciones que se realicen por 90 días desde dos números celulares, a partir de ese día, el 7 de marzo de 2018. Foto: Fotomontaje SEMANA